Declaración de Norte respecto de la situación política en España

La actual situación política a nuestro país se caracteriza por un significativo aumento de peso d’aquellas clases que tradicionalmente han sido excluidas del poder de l’estado. El motivo d’esta evolución hace falta buscarlo en la confluencia de tres factores: la incapacidad de los EEUU de mantener iniciativas que le garanticen el mantenimiento de su hegemonía en el medio y el largo plazo; el mayor periodo d’estabilidad democrática – treinta años ininterrumpidos- de la historia d’España; y una casi tan larga coyuntura de crecimiento económico sostenido.

Nuevas fuerzas político-sociales casi siempre asociadas a burguesías locales de reciente nacimiento o revitalizadas por la coyuntura favorable lentamente se organizan, se auto identifican y dónde son más fuertes se plantean con creciente radicalidad sustituir el modelo político que hasta ahora ha servido al reducido núcleo oligárquico que detenta el poder económico y político de España.

El gradual desarrollo económico a lo largo de un amplio periodo de estabilidad política junto al disfrute de una posición geoestratégica privilegiada de la proximidad física al mercado europeo, hace cada día que se generan nuevas iniciativas socioeconómicas, más allá de los resortes de control del estado oligárquico en un lento despertar del país.

No es una cuestión de derechas ni de izquierdas, del PP o del PSOE, es más una cuestión de modernización social y de competencia económica. En un país con la estructura económica basada en macroempresas surgidas de antiguos monopolios y privilegios, que nunca se han adaptado suficientemente a condiciones de mercado competitivas, y que son deudoras desde siempre de la protección y tutela del estado, resulta normal que se abran espacios y oportunidades de negocio a pequeñas empresas, muchas de ellas, más ágiles, dinámicas y competitivas que las mastodónticas corporaciones, por mucho que estén apoyadas por el poder político, por los bancos o que sean monopolios de facto.

Esta nueva realidad hace que se configure una realidad social y una mentalidad nueva. Al mismo tiempo la democratización de las instancies administrativas de l’estado sobre todo en los municipios y las comunidades autónomas reduce en importante medida la capacidad maniobra de las grandes empresas de l’oligarquía para asegurarse el monopolio de los contratos de suministros, abastecimiento y servicios de estas administraciones. Contratos que ya muchos casos son resueltos en el ámbito local y adjudicados a emprensas de este ámbito.

Está claro que el sistema constitucional del 78, con las fuerzas políticas que lo gestaron y que hoy lo apoyan es todavía la principal garantía jurídico-política del poder oligárquico. Es por esto que la reestructuración de la organización territorial del Estado es el núcleo de la lucha política y el principal asunto que enfrenta hoy a las fuerzas progresistas y reaccionarías. Una amplía reestructuración y federalización podría suponer un gran salto modernizador del país y una nueva oportunidad de corregir las deformidades y limitaciones del modelo socioeconómico que España ha heredado del siglo XIX.

Por todo esto, aunque el PSOE haya sido en general en el presente periodo democrático una fuerza garantista del sistema constitucional-oligárquico, en el momento actual con el gobierno de Zapatero, su posición, debido a la agresividad con que el Partido Popular le fustiga, y por la capilaridad que sus bases tienen respecto de los elementos democráticos y posiciones adelantadas de la sociedad, lo es tan débilmente que puede abrir las puertas a un cambio más allá de sus planes iniciales. La necesidad del gobierno del PSOE de proveerse de una amplía base social que corrija la debilidad con la que ganó las elecciones de 2004 esta haciendo que se adopten un paquete de medidas que en tres escasos años han cambiado la España de Aznar por otra que se postula de vanguardia mundial en derechos civiles y sociales.

Es necesario, no obstante, no olvidar que su posición no es otra que la de establecer un punto de equilibrio entre las aspiraciones de las nuevas burguesías de aumentar su poder y la de la oligarquía de ceder lo mínimo, y en todo caso mantener aquello que es sustancial. El Estatuto de Cataluña –de Zapatero y Mas- es la ejemplificación de este punto de equilibrio. La generalización del modelo catalán en todas partes –a pesar de los recortes de última hora- no deja de ser un gran paso hacia adelante de las nuevas burguesías y un retroceso en el margen de maniobra económico y político de la oligarquía. Un paso limitado pero de avance en el camino de un futuro asalto más ambicioso al poder económico de la oligarquía.

El proletariado –trabajadores y clases populares- en esta situación no podemos ser neutrales. Tampoco en cambio debemos reducir nuestro programa o nuestras organizaciones a los intereses de esta nueva burguesía con la que compartimos la parte del programa democrático y antioligárquico pero de la que nos diferenciamos inmediatamente a partir de él. En la situación actual en la que nuestra clase no dispone de fuerzas organizadas propias, las tareas a realizar son las de crear condiciones para poder tener de nuevo nuestras organizaciones, mientras impulsamos la transformación democrática en marcha.

La continuidad de esta transformación en el momento actual puede mantenerse e incluso acelerarse con un nuevo gobierno del ala izquierdista del PSOE representada por Zapatero, sin lugar a dudas un recambio a favor del PP, significaría un fortalecimiento de las posiciones más prooligárquicas y reaccionarías, y por lo tanto un retraso o freno del movimiento democrático.

Las posiciones políticas de organizaciones de falso carácter izquierdista como son Eta y su entorno político, en cuanto que anteponen los intereses propios a los del movimiento democrático general deben ser denunciadas. De manera oportunista e irresponsable se han aliado objetivamente con el PP y con sus socios internacionales para liquidar el actual gobierno y cerrar el paso a sus reformas.

Las fuerzas progresistas debemos ser capaces de resituar el problema vasco en un punto que nos permita adelantar y este no es la tregua o el desarme de Eta, sino el nuevo estatuto vasco. La desaparición de Eta sólo podrá ocurrir en un nuevo escenario en el que el pueblo vasco no la apoye en ninguna concejalía, ayuntamiento o institución. Un escenario en el que se rechace el chantaje, extorsiones y asesinatos de esta banda como ajenos a su sentir y los denuncie como prácticas propias de los explotadores y opresores de los pueblos.

Es el modelo de Catalunya –y cuanto más ‘maragalliano’ mejor- el que ha de impulsarse, con las especificaciones propias que hagan falta, tanto en Euskadi como para el resto de las comunidades autónomas, y por lo tanto, retomar la iniciativa política con las fuerzas progresistas, iniciativa que lleve a buen fin una reorganización territorial del Estado en el camino de la próxima revolución democrática, que ahora la burguesía ha puesto en marcha, y que el proletariado culminará.

Valencia, junio de 2007