miércoles, 1 de agosto de 2007

Fundamentos del programa económico de la revolución en España

Introducción. El camino de la revolución en el siglo XXI

Los grandes problemas de la humanidad en nuestro siglo siguen vinculados –como en los anteriores- a la forma en que nos relacionamos los seres humanos entre nosotros y con la naturaleza. Si bien son innegables los avances que tanto en un terreno como en el otro se han producido, no deja por ello de ser inaplazable alcanzar un modelo social nuevo, que garantice el desarrollo integral de todo ser humano y también la convivencia armónica de nuestra especie con la naturaleza.

En el primer aspecto, se deben garantizar ya, la alimentación, la salud y educación, además de erradicar la opresión, la explotación y la guerra entre los seres humanos en todo el planeta. En el segundo aspecto es necesario conocer las fuerzas de la naturaleza para evitar catástrofes y obtener el máximo provecho de ellas respetando su armonía y equilibrio.

Dado que los problemas a abordar son múltiples y diversos, al margen de la necesidad de una estrategia global para el aislamiento y la oposición a los principales beneficiarios del actual estado de cosas – la burguesía monopolista de los Estados Unidos y sus aliados en algunos Estados- es necesario que en cada país, sus organizaciones revolucionarias diseñen, planteen y en la medida de sus posibilidades ejecuten políticas que liberen espacios de las inaceptables condiciones a las que aún están hoy sometidos.

Estrategia para la revolución en España

Nuestro país se ha incorporado de manera reciente e incompleta a los llamados países desarrollados. La integración en la Unión Europea si bien ha tenido un efecto dinamizador de la economía no ha corregido los defectos estructurales que le impiden homologarse completamente a países con estructuras capitalistas maduras como son Inglaterra, Francia, Alemania u Holanda.

Defectos que se materializan en la pervivencia de viejas estructuras económicas pero también mentales –sobre todo en las zonas rurales, y en las provincias del interior - más próximas al feudalismo que al capitalismo moderno. La pervivencia de los latifundios, la concentración en muy pocas manos de los sectores estratégicos como la energía, la banca, las comunicaciones y los transportes, etc. son la base de una débil sociedad civil y de una democracia formal de espaldas a la población.

Sólo la creación de un frente de las clases trabajadoras junto con los pequeños y medianos empresarios (PYMES) y todos los sectores progresistas de la sociedad, podrá realizar las transformaciones modernizadoras necesarias para que la sociedad española alcance los medios materiales y la madurez política que sitúen nuestro país entre los más avanzados en la consecución de los objetivos de emancipación de la humanidad.

Política económica revolucionaria

Si el motor de la revolución en nuestro país como en todos no es otro que la lucha contra la explotación y la opresión entre los hombres, su base sólo será sólida si es al mismo tiempo capaz de crear y asegurar para cantidades crecientes de personas mejores condiciones ‘económicas’ de vida.

En nuestro país la lucha revolucionaria está además por razones históricas ligada al desarrollo económico. Por ello, también para que nuestra economía sea eficiente es necesario liquidar las estructuras monopolistas que desde finales del siglo XIX mantienen gran parte del poder económico concentrado en poco más de un centenar de familias. Es un grupo que constituido como clase dominante actúa al margen del poder político. Una clase con capacidad y medios para imponer el modelo de desarrollo que sea compatible con sus intereses, priorizando o obstaculizando proyectos de miles de PYMES emprendedoras y la energía revolucionaria de millones de trabajadores, según estas iniciativas concuerden o no con su modelo.

Para combatir esta situación proponemos articular en el mundo laboral “un frente social para la eficiencia económica y la excelencia productiva” que mediante convenios entre trabajadores y PYMES mejore la viabilidad de las empresas, generando además una plusvalía añadida, con cuyo reparto se cubrirían por una parte las necesidades de modernización de las empresas y por otra se incrementarían los sueldos de los trabajadores. Un modelo que se deberá coronar con la entrada gradual de los representantes de los trabajadores en los órganos donde se toman las decisiones y se comparte la información estratégica de la empresa.

Estrategia local de la Revolución

La Administración Pública, –sobre todo la central-, junto con el capital financiero y el control de la energía son los principales resortes de poder que la oligarquía utiliza contra el desarrollo económico popular y democrático. Para sortear este obstáculo e impulsar el progreso económico en las clases populares debemos utilizar en las actuales circunstancias las administraciones locales principalmente, y en la medida de lo posible también las provinciales y autonómicas. Es desde éstas desde donde es posible ofrecer un entorno favorable y una fuente de financiación independiente de la oligarquía. Para ello obviamente es necesario dar i ganar la batalla política en el ámbito local.

Desde los ayuntamientos es posible crear las condiciones culturales y políticas favorables para la creación del frente revolucionario. Los ayuntamientos pueden jugar un importante papel en la recaudación y distribución de riqueza. Cuentan con mecanismos importantes para acumular o favorecer la acumulación de capital en aquellos sectores o agentes que son o pueden ser dinamizadores del desarrollo económico. Al mismo tiempo cuentan con instrumentos adecuados para favorecer la cohesión social necesaria para el desarrollo de un gran proyecto revolucionario como el que necesitamos.

No se trata solo de recaudar impuestos y crear estado de bienestar. Más allá de esto han de materializar en cada localidad la configuración del frente revolucionario mediante la realización de políticas favorables a las clases integrantes del mismo.

El papel del urbanismo

La legislación urbanística española hace descansar sobre los ayuntamientos gran parte de la responsabilidad y de la gestión de los planes urbanísticos. La ausencia de una política revolucionaria con respecto a esta materia ha llevado en los últimos años a un crecimiento anárquico de los municipios en un acuerdo tácito generalizado entre las grandes empresas constructoras (oligarquía o gran burguesía), los pequeños o medianos propietarios (dueños de los terrenos) y los ayuntamientos (en representación del interés general)

Este modelo es claramente reaccionario, difícilmente sostenible y nocivo para el medio ambiente. Un modelo en el que la parte del león de los inmensos beneficios que genera la transformación de suelo rural en suelo urbano acaba en la oligarquía. En el que los dueños de los terrenos ven a menudo socavada su posición de pequeños propietarios en beneficio de los grandes especuladores y de ayuntamientos ávidos por recaudar fabulosas cantidades para a continuación derrocharlas en obras faraónicas. Un modelo además en el que los trabajadores asisten atónitos e impotentes al espectáculo de ver como unos pocos se enriquecen a costa de su derecho y necesidad de vivienda. Y un modelo por fin en el que se realizan verdaderos disparates como levantar miles de casas sin prever las necesidades de abastecimiento de agua, transporte o electricidad que se generan. Problemas que al final, después de recaudados los beneficios padecerán y pagarán los ciudadanos de los municipios afectados.

Frente a este modelo el frente revolucionario desde ayuntamientos afines debe proponer y realizar un acuerdo entre pequeños propietarios y ciudadanos que en las proporciones adecuadas reparta los beneficios generados en el proceso urbanizador entre unos y otros de manera que se facilite por una parte la integración de los primeros en el frente al constatarse que la política de éste no es contraria a sus intereses, y por otra que aporte a los ciudadanos unos servicios sociales de calidad, integradores y con carácter universal que creen las condiciones económicas, culturales y sociales adecuadas para que desde la formación, la cultura y la armonía entre todos los sectores populares se haga posible el proyecto revolucionario.

A los ayuntamientos les corresponde además en su ámbito impulsar una política productiva activa, dinámica e innovadora. Una política que promueva la inversión en I+D+i con subvenciones a las empresas con convenios revolucionarios o mediante la creación de un sector industrial propio. Una política que les convierta en punta de lanza de la transformación revolucionaria de la economía.

Finalmente como expresión política del frente deben de cuidar del entorno natural y ordenar el crecimiento urbanístico e industrial de manera que sea compatible con el disfrute por la población de un medio ambiente saludable en una naturaleza que es patrimonio de todos.

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